El principio guía que mejor ilustra el papel de los medios de comunicación en las elecciones es aquel que postula que sin libertad y pluralismo en los medios la democracia no es posible. Este principio ha sido subrayado en las decisiones de diferentes tribunales internacionales. Recientemente, , dicho cambio ha sido afirmado categóricamente por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Libertad de Expresión, quien formuló una serie de medidas que los gobiernos deben poner en práctica para garantizar la libertad de los medios de comunicación durante las elecciones.
Existen diferentes dimensiones de la libertad de los medios que son relevantes en las elecciones:
- Libertad frente a la censura.
- Libertad frente a ataques o interferencias arbitrarias.
- Libertad de acceso a la información necesaria.
- Una pluralidad de voces en los medios.
La última de ellas es especialmente importante. Con frecuencia se interpreta como que los medios deben poseer una diversidad de intereses, que resulte en un "mercado de ideas". Esto es importante, pero sólo es un aspecto. Para los países que van dejando atrás un gobierno autoritario, caracterizado por un férreo control estatal sobre los medios, garantizar el pluralismo dentro de los medios estatales puede ser igualmente importante. Esto se debe a que con frecuencia es sólo una cadena nacional de telecomunicaciones controlada por el gobierno la que tiene la capacidad de llegar a todos los segmentos del electorado.
A fin de garantizar que los medios públicos o estatales no están, en la práctica, controlados por el gobierno, puede ser necesaria una clara disposición reglamentaria. Esto constituye la paradoja central de la administración de los medios durante las elecciones - la frecuente necesidad de establecer un complejo sistema regulador con el objetivo de permitir que los medios operen libremente y sin interferencias.
Existen tres conjuntos vinculados de derechos:
- el derecho de los electores a hacer una elección plenamente informada.
- el derecho de los candidatos de presentar sus políticas.
- el derecho de los medios de comunicación para informar y expresar sus puntos de vista sobre asuntos de interés público.
Por supuesto, estos derechos, que son esencialmente todos los aspectos del derecho a la libertad de expresión garantizado en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se aplican en todo momento, y no sólo cuando hay una elección pendiente. Pero es la propia formalidad del proceso electoral - el hecho de que se lleva a cabo de acuerdo a los procedimientos claramente establecidos en la ley – lo que ha estimulado el interés de aquellos que se ocupan de cuestiones de libertad de prensa. Hasta que punto el respeto a la libertad de prensa y el pluralismo durante un periodo electoral puede ser un buen indicador del respeto de la libertad de expresión en general - en sí misma una condición previa esencial para una democracia que funcione. Por el contrario, una elección puede ser una oportunidad ideal para educar tanto a las autoridades sobre su obligación de respetar y fomentar la libertad de prensa,como a los medios de comunicación en su responsabilidad de apoyar el proceso democrático.
En cuanto a las relaciones con los medios de comunicación desde la perspectiva del organismo electoral, otros dos importantes principios entran en juego: la transparencia y la confidencialidad.
- La transparencia significa que las operaciones del organismo electoral está abierto al escrutinio público y, por tanto, a la rendición de cuentas.
- La confidencialidad significa que la seguridad de las operaciones del organismo electoral está protegida contra los que no tienen acceso a la información confidencial y que pueden poner en peligro la integridad del proceso electoral.
Es evidente que, en la práctica, estos principios pueden entrar en conflicto. Una transparencia y confidencialidad total son claramente incompatibles. Sin embargo, establecer la prioridad de estos principios en un caso concreto puede ser menos difícil de lo que pueda parecer. Es casi siempre cierto que los planes y actividades del OE deben estar abiertos al escrutinio público. Será cierto, sin excepción, que la votación debe ser secreta. Los casos que quedan entre estos son probablemente pocos.